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   PRIMER acto.- En el año de 2005, un predio rústico de poco más de 6 hectáreas ubicado en el sur de la ciudad, en las inmediaciones de la Fenapo y propiedad del empresario Enrique “Queto” Flores Pontones, fue invadido por varias familias pertenecientes a la organización Antorcha Popular; durante años, el legítimo dueño del terreno peleó por la vía jurídica para que le fuera devuelta su propiedad, para esto obtuvo varios amparos donde al Gobierno del Estado se le exigía apoyar con la fuerza pública las diligencias para el desalojo de los “paracaidistas”, en el 2012 hubo un intento de desalojo pero los precaristas se defendieron con palos y piedras…

SEGUNDO acto.- Ante los fallidos intentos de desalojo, los abogados del propietario del terreno –el despacho KNP cuyos socios son: Germán González Martí, Xavier Castro de la Maza y Xavier Nava, entre otros- cambiaron su estrategia, ahora pretendían que el Gobierno del Estado le pagaráa a Flores Pontones el valor del predio, pedían 60 millones de pesos basado en una “actualización” del predial realizado por el ayuntamiento en la administración de Victoria “Labandida”, donde casualmente el entonces síndico Luis Miguel “cabezas” Meade, es primo de uno de los socios del despacho contratado por Flores Pontones; tómelo bajo reserva, pero al parecer el precio del predio antes de la mentada “actualización” rondaba por los seis millones de pesos; la petición de compra fue desechada una y otra vez por la administración torancista…

TERCER acto.- A inicios de este año, Antorcha Popular presume que el Gobierno del Estado y el propietario del predio invadido habían llegado a un acuerdo de compra del terreno, donde la organización también aportaría para la adquisición; el mentado arreglo lo realizó la Secretaría General de Gobierno, donde casualmente Germán González Martí, uno de los abogados de Flores Pontones, se desempeña desde el inicio de esta administración como subsecretario jurídico, es decir, durante años el Gobierno del Estado se negó a pagar un predio invadido y en tan sólo unos meses, con la llegada de la nueva administración y en un clarísimo conflicto de intereses, del erario se compra un terreno por demás irregular para la organización social que lo invadió…

CUARTO acto.- El pasado sábado a pregunta expresa de los reporteros sobre la presunta compra de un predio invadido por Antorcha, por parte del gobierno, Juan Manuel Carreras, enfático y rotundo negó esta adquisición, más tarde la oficina de prensa del gobierno reafirmó la negativa del primer mandatario por medio de un boletín…

QUINTO acto.- Ayer mismo el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, desmintió a su jefe el gobernador, al aceptar que la actual administración sí participó en la compra del predio invadido y en posesión de los antorchistas, el funcionario argumentó que esto se hizo para “evitar un enfrentamiento o un problema social” y que además se redujo a la mitad el costo del predio respecto al precio original que exigía el propietario, ¿quién en su sano juicio reduciría en un 50 por ciento el valor de su propiedad?…

¿CÓMO se llamó la obra?: “la triste historia del cándido güero”, pues en todo este galimatías de irregularidades, tráfico de influencias, ilegalidades, mentiras, simulaciones y engaños, quien queda mal parado es el gobernador Juan Manuel Carreras, pues, o lo deja como un mentiroso al negar la compra o peor aún, como un desinformado que no sabe ni lo que ocurre en su gobierno; no es posible que un de desembolso millonario de las arcas públicas para la compra de un terreno invadido para una organización como los es Antorcha, no esté enterado el primer mandatario, ojo: en ningún momento el juez le ordena al Gobierno del Estado adquirir el predio en cuestión, lo único que le pide es que auxilie con la fuerza pública para devolver el predio a su legítimo dueño…

ADEMÁS del evidente tráfico de influencias de Germán González Martí, subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno y ex abogado del propietario del predio adquirido con dinero público, preocupa sobremanera que al adquirir el Gobierno del Estado un terreno invadido por una organización, el mensaje sería de ilegalidad y provocaría anarquía, pues no pasa nada si te apropias indebidamente de un predio, al final de cuentas saldrá “papá gobierno” y para evitar “ un conflicto social” pagará el costo de las tierras, en lo que sin duda es el primer escándalo serio de esta administración, algo tendrá que hacer el gobernador, no puede tan temprano colocarse un sello de corrupción como éste, pero en fin…

PD.- Ayer se realizó una protesta de policías de la pobre y enchilada Soledad de los Ranchos, los quejosos argumentaban que los querían hacer trabajar más; tómelo bajo reserva, pero trascendió que quienes orquestaron esta movilización son elementos que no han pasado sus exámenes de control y confianza y por lo tanto tienen un pie fuera de la corporación, por lo que quieren presionar para que no los corran, en fin…

PD2.- Por fin, la enfermera Irania Dalila Jacobo, fue destituida como directora de Tránsito de la capital, esa es una buena noticia, se espera que el nuevo titular de la Policía Vial, Leobardo Aguilar Orihuela, ponga orden a la “jauría” de tránsitos que lo único que hacen es extorsionar a los ciudadanos, ojalá..Armando Acosta


 

Miércoles
4 de Mayo del 2016

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