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Bitácora

   LA Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en su Título Cuarto: “De los procedimientos de adjudicación de contratos”, Capítulo I: “De la licitación pública”, Artículo 22, dice: “Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente podrán efectuarse mediante; I.- Licitación pública. II.- Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores; y III.- Adjudicación Directa”. En el Artículo 23 de la citada Ley establece lo siguiente: “Las adquisiciones y servicios que rebasen los montos establecidos semestralmente por el Congreso del estado, deberán ser turnados al conocimiento de los comités respectivos. Dichos montos serán aprobados dentro de la segunda quincena de los meses de enero y julio de cada año”…

EL pasado jueves 15 de julio, el Periódico Oficial del Estado publicó el “Decreto 318, Montos para las adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Instituciones del Estado, para el segundo semestre de 2013”, donde se establece que el: “Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente será de hasta 1125 salarios mínimos generales vigentes”, es decir, las compras que las instituciones públicas pueden adjudicar sin mediar licitación o concurso alguno serían aquellas que no rebasen los 69 mil 52 pesos…

PARA la “invitación restringida” el mentado decreto señala que el monto será de más de 1125 y hasta los 13 mil 500 salarios mínimos vigentes, lo que representa que no se podrá hacer una compra o contratar un servicio con dinero público por esta vía que rebase los 828 mil 624 pesos; más claro, ni el agua, todo lo anterior tiene como objetivo que el dinero público sea erogado con transparencia, equidad, honestidad y que las compras y servicios sean siempre los más idóneos para evitar malos manejos que afecten las arcas públicas, por desgracia, para el actual Gobierno del Estado, principalmente para el director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, el marino Benito López Lara y el de la SSPE, Joel Melgar Arredondo, todo lo anterior es letra muerta, leyes y decretos se las pasan “por el arco del triunfo”…

RESULTA que durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2013, la Dirección de Adquisiciones emitió un total de 4 mil 371 órdenes de compra para la adquisición de bienes y servicios con un importe de 697 millones 344 mil 643 pesos, de los cuales sólo 264 millones 592 mil pesos fueron por medio de la licitación pública, el resto fueron por adjudicación directa e invitación restringida. De las mil 297 adjudicaciones directas que realizó la oficina del marino Benito López Lara durante el año pasado, por un total de 211 millones 980 mil 299 pesos, se demuestra que las adjudicaciones directas menores a lo que estipula el decreto 318, antes mencionado, que es 69 mil 52 pesos fueron 2 mil 99 órdenes de compra con un monto de poco más de 20 millonesde pesos, pero las que rebasan el monto fueron 198 con un monto de 191 millones 35 mil 821 pesos, violando evidentemente y a todas luces la ley…

EN su Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, se establece que las excepciones para adquirir bienes o servicios por adjudicación directa sería “en aquellos casos en que de cuya resolución inmediata y expedita dependa la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública, así como en casos de siniestros o desastres producidos por fenómenos naturales que requieren atención emergente”, y gastar casi 20 millones de pesos en “asesoría especializada para la prevención del delito” que Joel Melgar y Benito López Lara otorgaron sin licitar a siete empresas “patito” del Distrito Federal, no entra en ninguno de los supuestos del mentado Artículo 25…

USTED disculpará querido lector tanta cifra y tanto tecnicismo, pero era estrictamente necesario en este tema, para ilustrar la corrupción, ilegalidad e irregularidades que imperan tanto en la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado; no hay vuelta de hoja, ante tan contundentes pruebas, Joel Melgar y Benito López Lara deberán de ser cesados de inmediato de sus cargos, iniciar una investigación exhaustiva, castigar los excesos y regresar a las arcas públicas lo ilegalmente sustraído en imaginarios e inexistentes “asesorías”, así como la de indagar los bienes de estos dos funcionarios; de no hacer nada, el Gobernador del Estado estaría siendo cómplice por omisión de tan descarado robo, pero en fin…

TRIVIAS.- Quién es el dirigente de una asociación de abogados que hizo tremendo berrinche cuando le fue rechazada su propuesta para postular a Héctor del Castillo Chagoya para magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado?, ¿quién es la Síndico del Cabildo capitalino que tiene serio conflicto de interés?, ¿quién es el funcionario del municipio de la capital que no le ajusta con un trabajo y tiene hasta cuatro, uno de ellos honorario?, esté pendiente…Armando Acosta

 

Lunes
1 de Septiembre del 2014


Sección Policia

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